El juez de menores de Granada Jorge Jiménez Martín; la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Jaén María José Cruz Blanca; el decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Carlos Arias López; la concejal del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) Rocío Garrido; y representantes de las asociaciones y fundaciones Ginso, Diagrama, Meridianos e Imeris se integran en el Observatorio de Justicia Juvenil de Andalucía, un órgano colegiado de asesoramiento y participación en la mejora de las políticas públicas para la reeducación de los menores infractores que cumplen medidas en los centros y servicios de la Junta.
El Observatorio de Justicia Juvenil de Andalucía se constituye como un foro de encuentro, participación, intercambio y comunicación entre las entidades, agentes, órganos y servicios públicos competentes y las organizaciones de carácter privado, profesionales y expertos que trabajan en el ámbito de la Justicia Juvenil. Así, el Observatorio, presidido por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, está integrado por responsables de las Consejerías de la Junta con competencias en Justicia, Empleo, Educación, Formación Profesional, Salud, Infancia, Juventud, Familias y Violencia de Género, además del Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud.
No obstante, el Decreto de creación prevé la representación en el mismo de profesionales de la Judicatura, la Abogacía, las universidades públicas que imparten formación en materia de Derecho, Criminología o Psicología, así como ayuntamientos y entidades especializadas que trabajan con los menores infractores.
El objetivo es propiciar así la participación colegiada y activa de los distintos sectores sociales y profesionales interesados en el conocimiento, estudio, diseño de estrategias y toma de decisiones orientadas a la mejora de la intervención en Justicia Juvenil.
Cada colectivo ha propuesto a sus vocales, nombrados formalmente mediante órdenes publicadas en el BOJA en las últimas semanas hasta completar la composición.
En representación de la Judicatura, el TSJA ha designado al magistrado de Menores de Granada Jorge Jiménez Martín, y por parte de la Abogacía, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) ha nombrado al presidente de su Subcomisión de Menores y decano de los letrados cordobeses, José Carlos Arias López. El ámbito académico está representado por la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Jaén María José Cruz Blanca y el municipalismo por la concejal del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), Rocío Garrido Jiménez, designada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
La Junta tiene como competencias garantizar los recursos donde los jóvenes cumplen las medidas impuestas por los jueces pero, conforme a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor de 2000, estas medidas van dirigidas a su reeducación por lo que los centros y servicios donde se ejecutan deben contar con equipos profesionales multidisciplinares que desarrollen una intervención integral que incluya atención psicosocial, apoyo educativo, formación y orientación laboral, tratamiento de adicciones o problemas de salud mental y trastornos de conducta así como trabajo con la familia o el entorno.
Andalucía cuenta con 14 Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), 17 Grupos Educativos de Convivencia (GEC), ocho Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA) y ocho equipos de mediación gestionados por entidades especializadas que estarán representadas en el Observatorio por Carlos Benedicto Duque (coordinador de centros de la Asociación Ginso), Raúl Roda (coordinador en Andalucía de la Asociación Meridianos) y Juan Francisco Rubio (responsable de Intervención Socioeducativa de la Fundación Diagrama) y María del Sol Lozano (presidenta de la Asociación Imeris).
Una vez designados todos los vocales, próximamente se celebrará la sesión constituyente del Observatorio de Justicia Juvenil de Andalucía, un instrumento que no existe en ninguna comunidad autónoma ni a nivel nacional o europeo con carácter público.
Sus funciones se centrarán en la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos que permitan adaptar el sistema a los cambios de perfiles de menores infractores y tipos de conflictos, impulsar investigaciones y estudios especializados, emitir informes y recomendaciones, analizar y evaluar las políticas públicas en la materia para proponer mejoras, promover programas de formación para los profesionales que trabajan en este ámbito y organizar encuentros para compartir experiencias y avances en la reeducación de los jóvenes mientras cumplen medidas judiciales. El Observatorio difundirá toda su actividad e información a través de un portal web desarrollado en colaboración con la Agencia Digital de Andalucía (ADA).
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