El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la Orden Conjunta emitidas por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, por la que se dan instrucciones a los órganos adscritos y al Servicio Andaluz de Salud para la atención conjunta de los menores infractores con trastornos mentales y problemas de adicción.
El protocolo firmado por los dos consejeros, Antonio Sanz y José Antonio Nieto, responde a la necesidad de articular una intervención pública coordinada sobre este colectivo especialmente vulnerable, en el que confluyen necesidades sanitarias, educativas y socio-judiciales, y donde resulta imprescindible garantizar la continuidad terapéutica más allá del ámbito estrictamente judicial.
El documento, que supone la formalización de un modelo estable de colaboración interinstitucional para mejorar la atención a las personas menores infractoras que presentan trastornos mentales o problemas de adicciones, establece de forma clara cómo deben coordinarse los dispositivos de justicia juvenil y los recursos sanitarios públicos para asegurar que los menores que cumplen medidas judiciales reciban una atención sanitaria adecuada, homogénea y continuada.
Esto implica, por una parte, definir canales estables de relación entre los centros y servicios de justicia juvenil y la red pública de salud mental y adicciones; establecer procedimientos comunes de comunicación, intercambio de información y derivación clínica, así como garantizar que la atención sanitaria no se interrumpa cuando el menor cambia de recurso, inicia una medida judicial o finaliza su internamiento.
En definitiva, se protocoliza la relación operativa entre ambos sistemas para pasar de una coordinación ocasional a un modelo estructurado y previsible.
Este protocolo busca el interés superior del menor como eje de la intervención; la utilización preferente de los recursos sanitarios normalizados del sistema público, evitando circuitos paralelos; la atención integral, combinando el enfoque terapéutico con el carácter socioeducativo de las medidas judiciales, así como la continuidad asistencial como garantía esencial para la recuperación y la prevención de recaídas.
Asimismo, creo un sistema operativo basado en la figura de profesionales referentes designados en cada recurso implicado, tanto en justicia juvenil como en salud mental y atención a las adicciones. Estos referentes son los responsables de mantener el contacto directo entre dispositivos; facilitar la información clínica necesaria; y coordinar derivaciones, tratamientos y seguimiento. De esta forma, se reducen los tiempos de espera, se evitan duplicidades y se facilitan respuestas rápidas ante situaciones clínicas complejas.
El objetivo es regular la coordinación en las dos grandes situaciones en las que puede encontrarse el menor: tanto si son medidas en medio abierto como de internamiento. En el primer caso, cuando el menor permanece en la comunidad, se establece un modelo de trabajo conjunto entre los equipos de justicia juvenil y los recursos sanitarios, con intercambio de información autorizado y seguimiento continuado durante toda la medida.
Cuando el menor ingresa en un centro de internamiento, se garantiza la continuidad del tratamiento existente o la valoración clínica necesaria para su incorporación a la red sanitaria pública. Asimismo, se regula la actuación ante crisis o descompensaciones clínicas, integrando a los servicios de urgencias y hospitalización del sistema sanitario.
Uno de los elementos estratégicos del protocolo es la planificación anticipada de la salida del menor del centro de internamiento. Para este momento, establece que la coordinación entre los sistemas se inicie con antelación suficiente; las citas en los dispositivos de salud mental o adicciones se programen antes de la salida y se realice un seguimiento activo para evitar abandonos terapéuticos. Con esto se pretende reducir la ruptura del vínculo asistencial al finalizar la medida judicial, uno de los principales riesgos detectados históricamente.
El protocolo representa un avance significativo porque consolida un marco formal y estable de colaboración entre las consejerías; refuerza la integración del sistema sanitario público en la atención a menores infractores; mejora la continuidad terapéutica y la calidad asistencial; homogeneiza criterios de actuación en todo el territorio andaluz y responde a recomendaciones institucionales orientadas a mejorar la atención sanitaria en justicia juvenil.
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