El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha destacado hoy que el nuevo Reglamento de Justicia, que el pasado martes fue aprobado por el Consejo de Gobierno, “pone en valor el trabajo de los abogados y procuradores” y para ello la prioridad era “mejorar sus condiciones y remuneraciones”.
“Desde que nos pusimos al frente de la Consejería de Justicia uno de nuestros objetivos fue poner en valor el trabajo de los profesionales que prestan servicios de Asistencia Jurídica Gratuita”, ha indicado hoy Marín en el Pleno del Parlamento y, para ello lo primero era atender “una reivindicación que venía demandando desde hace muchos años” los más de 10.000 profesionales que prestan este servicio en Andalucía.
El vicepresidente y consejero de Justicia ha explicado que “con la modificación del Reglamento procedemos a simplificar y agilizar la tramitación del abono de las compensaciones económicas por los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita”. “Hasta ahora no había garantía de cobro sino un compromiso por parte del anterior Gobierno, el cual llegó a tener retraso de más de un año”, ha recordado.
No obstante, la Consejería de Justicia ya había logrado reducir los plazos de pago” a unos 62 63 días, frente a los 90 en la anterior Legislatura”. Con los cambios que se han introducido con el nuevo decreto aprobado el pasado martes “llegaríamos a cumplir el compromiso de pago a los 45 días, una vez presentadas las certificaciones” por parte de los profesionales.
Asimismo, las modificaciones introducidas en el Reglamento va a permitir “a aquellos colegios que no tengan que realizar ninguna subsanación recibir sus compensaciones por gastos de funcionamiento. Puesto que como bien conocen, no se podía realizar el abono a los Colegios hasta que no estuvieran todas las certificaciones correctas”.
Además de ello, se va a proceder a completar la regulación del Reglamento mediante la determinación de los módulos y bases que son utilizados para calcular la compensación que corresponde a los profesionales por las actuaciones realizadas; y “se establece en el 8 % el límite máximo para el cálculo de la compensación económica a los colegios profesionales por los gastos de funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita”.
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