El Consejo de Gobierno ha tomado hoy en consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para adaptarse a la orden del Ministerio de Justicia del pasado 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el Covid-19.
Para ello, la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal dictó el pasado 11 de mayo una resolución en la que recoge las directrices para la primera fase del Plan de Desescalada para el personal funcionario de los órganos judiciales andaluces, lo que propicia la apertura de la prestación de los servicios de la Administración de Justicia más allá de aquellos de carácter esencial establecidos durante el estado de alarma.
La orden de la Consejería de Justicia establece que, con carácter general, la incorporación del personal de la Administración de Justicia en esta primera fase sea de un 33% de la plantilla total por órgano judicial, Fiscalía o servicio de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), mientras que el resto de la plantilla permanecerá en situación de disponibilidad.
Según la resolución, ratificada hoy por el Consejo de Gobierno, en aquellos casos en los que esté justificado dicho porcentaje se puede elevar hasta la totalidad de la plantilla para atender los servicios de los Registros Civiles. Además, los servicios de guardia de los juzgados, Fiscalía e IMLCF deberán contar con la totalidad de la plantilla para la atención de los citados servicios.
Asimismo, la resolución recoge las medidas acordadas en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Junta de Andalucía, para el personal que tenga menores de catorce años o personas dependientes a su cargo, así como al personal empleado público incluido en algunos de los grupos de riesgo.
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