El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a que inicie los trabajos para la aprobación de una Ley de Organización y Funcionamiento del Sistema de Evaluación de Políticas Públicas de la Administración de la Junta de Andalucía. En dicha tarea participarán también la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior y el Instituto Andaluz de Administración Pública.
La Ley de Gobierno y distintos preceptos legislativos, como el Estatuto de Autonomía o la Ley de Transparencia, disponen la necesidad de regular y llevar a cabo un sistema de evaluación de políticas públicas.
El objetivo de esta norma será la optimización en el uso de los recursos públicos y el establecimiento de medidas correctoras que reconduzcan las políticas fallidas.
Los efectos de la aplicación de esta Ley de Evaluación de Políticas Públicas deben ser lograr una Administración más eficiente y más racional en las decisiones públicas, dar mayor legitimidad a la acción política y garantizar mayor transparencia y participación ya que brindará elementos de juicio a la ciudadanía sobre la marcha de los asuntos públicos y la gestión del gobierno.
En función de los Decretos de Estructura Orgánica corresponde a la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, dependiente de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, la dirección, coordinación y seguimiento de la evaluación de las políticas públicas.
A la Secretaría General para la Administración Pública, perteneciente a la Consejería de Presidencia, Administración Pública en Interior, y al Instituto Andaluz de Administraciones Públicas se les encomienda la gestión de evaluación de las políticas públicas bajo las directrices y supervisión de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia.
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