Andalucía garantiza por ley la atención integral al menor infractor e incorpora el trabajo con las familias
La Junta de Andalucía garantizará la atención integral al menor infractor con el fin de lograr su plena reinserción en la sociedad en la nueva Ley de Justicia Juvenil, que entre otras novedades incorporará de forma sistemática el trabajo con las familias, creará un expediente digital único y potenciará la coordinación entre profesionales y administraciones, así como la investigación en este campo.
La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, que ha comparecido en Comisión Parlamentaria, ha explicado las novedades del anteproyecto de Ley de Justicia Juvenil, que en la actualidad está en trámite de audiencia pública tras ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 10 de julio. Se trata, ha señalado, de proporcionar “la mejor respuesta al menor infractor para su reinserción social y su vida plena en el futuro”, recogiendo las actuaciones que ya se estaban llevando a cabo en la comunidad autónoma en la práctica e incorporando nuevas medidas de avance.
Aguilar ha señalado que con esta normativa se viene a “reforzar” la apuesta por un sistema de Justicia Juvenil “de calidad”, que ya es un “referente” a nivel europeo, convirtiéndose además en la única comunidad autónoma junto con Cataluña en contar con un texto legislativo específico para esta materia.
Así, el anteproyecto de Ley recoge los derechos de los menores infractores a una atención integral, a una intervención donde participen sus tutores y a una inserción social efectiva con garantías, además de una serie de obligaciones, entre las que destacan participar en la enseñanza obligatoria, respetar a los profesionales y colaborar en alcanzar los objetivos planteados en el programa de intervención aprobado por el juzgado.
Entre las medidas que contempla el nuevo texto legislativo destaca la incorporación del trabajo sistemático con las familias, algo que se venía haciendo parcialmente y que se considera “muy necesario” para favorecer la reinserción plena del menor, aunque es voluntario. Además, el menor contará con la asistencia de un mismo letrado especializado en todos sus procedimientos judiciales, para lo que se mantendrá un “diálogo permanente con los colegios de abogados”.
La futura ley también contempla avances tecnológicos, con la creación de un expediente digital único para cada menor. Todo ello dentro de un nuevo sistema informático único de Justicia Juvenil que estará integrado con los sistemas de los juzgados y fiscalías de Menores, de forma que todos los agentes del sistema tengan acceso a la información. “La modernización en tecnología es una apuesta decidida de la Consejería de Justicia e Interior”, asegura Aguilar.
Además, la actuación sobre el menor no se termina con la finalización de la medida, sino que se le acompaña en su itinerario vital con el fin de potenciar su inserción plena en la sociedad. En este sentido, este colectivo pasará a considerarse de ‘atención preferente’ en materia de orientación, inserción y formación.
Por otra parte, la nueva Ley también se marca como objetivo prioritario la prevención, para lo que se coordinarán las políticas de la Junta de Andalucía en distintas materias –desde educación a la salud o los servicios sociales—para evitar que el menor termine cometiendo infracciones, además de impulsar la colaboración con otras administraciones públicas, colegios profesionales y entidades privadas para favorecer la integración del menor, así como la investigación en la materia.
Por todo ello, se creará un Plan Integral de Atención en Justicia Juvenil, que será aprobado por el Consejo de Gobierno y que recogerá “todas las políticas públicas con una mirada común al menor” como las de empleo, igualdad o salud. Asimismo, se creará el Consejo Andaluz de Justicia Juvenil en el que estarán representadas todas las consejerías con competencias y que realizará labores de asesoramiento.
Por último, la consejera se ha mostrado confiada en que en el trámite de audiencia pública actual el texto “se enriquezca” con las aportaciones de los agentes y profesionales implicados en este ámbito, y que durante su tramitación parlamentaria se sumen las aportaciones de los grupos políticos, dado que se trata de “garantizar una Justicia Juvenil que responda a los retos y desafíos de nuestra sociedad actual”.
Balance
La consejera de Justicia e Interior ha puesto en valor el esfuerzo que se realiza en Andalucía para contar con un sistema de Justicia Juvenil “de calidad”, con una inversión de casi 82 millones de euros en 2018. Una cifra que se eleva hasta los 252 millones de euros en el acumulado desde el año 2002, cuando se aprueba la Ley del Menor, habiendo crecido desde entonces las partidas para este fin en un 300%.
En cuanto al funcionamiento del sistema, en Andalucía durante el pasado año 2017 se ejecutaron 8.229 medidas impuestas por los juzgados de Menores, entre las de internamiento y las de medio abierto.
En este sentido, 1.477 menores cumplieron un total de 1.570 medidas en los 16 centros de internamiento existentes en la comunidad autónoma, mientras que un total de 5.404 jóvenes cumplieron 6.659 medidas en 48 centros y servicios de medio abierto que existen repartidos por el territorio andaluz. Además, se han realizado 1.986 mediaciones de carácter extrajudicial que finalizaron con acuerdos de conciliación o reparación en 1.242 casos. Un conjunto de actuaciones que han supuesto la implicación de los 2.141 profesionales que forman parte del Sistema de Justicia Juvenil.
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La consejería