Jueces y magistrados recibirán este año formación especializada sobre diferentes materias innovadoras en el ámbito de lo penal, lo civil y lo mercantil, así como en el de la problemática jurídica que genera la situación de Andalucía como frontera intercontinental, merced al convenio de colaboración firmado por el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
En virtud de este convenio, Junta y CGPJ destinarán un total de 21.870 euros a financiar los cursos de formación que van a tener lugar entre mayo y noviembre de este año en Granada, Málaga, Sevilla, Cádiz y Algeciras, con la asistencia de cerca de 60 jueces y magistrados.
El objetivo de estas actividades es propiciar un espacio de discusión entre los profesionales de la judicatura, fomentando el análisis y el debate en materias que afectan a la práctica judicial por sus aspectos innovadores y controvertidos o por la problemática que conllevan.
El programa de este año incluye un encuentro de jueces de lo Civil y Mercantil sobre zonas de conflicto, que tendrá lugar en Granada del 11 al 12 de mayo, uno de la jurisdicción penal sobre nuevas medidas de investigación tecnológica, que se desarrollará en Málaga del 8 al 9 de junio, otro que analizará del 21 al 22 de septiembre en Cádiz y Algeciras la problemática jurídica de la frontera intercontinental que ocupa Andalucía, y una estancia en Sevilla para conocer el funcionamiento de las instituciones autonómicas.
Además de este convenio, la Consejería de Justicia e Interior, en colaboración con el Consejero General del Poder Judicial, impulsa cada año la celebración del Foro de Formación Estatal y Estudios Medioambientales del Poder Judicial, que tiene su sede principal en Sevilla.
El Foro tiene como principal objetivo mejorar la formación y los conocimientos de la judicatura sobre los temas que atañen a la conservación del medio ambiente, a fin de impulsar el tratamiento jurídico y administrativo de la protección del entorno y obtener una respuesta judicial más efectiva ante las agresiones y delitos cometidos en ese ámbito.
A través de estas actividades, el Ejecutivo andaluz y el órgano de gobierno de los jueces mantienen un fluido y permanente cauce de comunicación con los operadores jurídicos para trasladarles la gestión que en materia ambiental realiza la Administración autonómica y también la realidad y contexto jurídico y administrativo en este ámbito.
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