De Llera apuesta por los edificios en propiedad y la adaptación de sedes a la Oficina Judicial en materia de infraestructuras
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha subrayado la apuesta de la Junta de Andalucía por la dotación del parque inmobiliario en propiedad, para prescindir progresivamente de los arrendamientos, y por la adaptación de las infraestructuras judiciales de cara a la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal.
En su comparecencia en la Comisión parlamentaria de Justicia e Interior, De Llera ha señalado que "las dificultades presupuestarias no han impedido que la Consejería lleve a cabo actuaciones de mejora en los juzgados de Andalucía". En este sentido, durante la presente legislatura, destacan la finalización de las obras de la Ciudad de la Justicia de Córdoba el pasado 7 de abril, la reubicación de los juzgados de San Fernando (Cádiz) en un inmueble en alquiler que casi duplica la superficie de la sede anterior o el traslado de los juzgados de lo Mercantil de Sevilla a un nuevo espacio, con el doble de superficie.
El consejero ha insistido en que el departamento que dirige da prioridad, con los recursos disponibles, a garantizar el mantenimiento diario de las 166 sedes judiciales de las que dispone Andalucía, "sin obviar las mejoras y reformas más perentorias que pudieran requerir determinados inmuebles". Además, De Llera ha reiterado que la Junta sigue trabajando para resolver los problemas de falta de espacio y la dispersión de sedes que afectan a determinadas jurisdicciones.
De Llera ha explicado que entre 2016 y 2017 se han llevado a cabo numerosas obras de conservación, reforma y mantenimiento, se han sustituido instalaciones de climatización, se han eliminado barreras arquitectónicas, se han dotado de mobiliario y de nuevos sistemas de seguridad varios edificios y se han sustituido ascensores.
De Llera ha recordado que Andalucía cuenta en la actualidad con un total de 166 sedes judiciales en las que desarrollan su actividad 683 órganos judiciales, además de 408 fiscales, 45 servicios comunes de partido judicial y 7 de notificaciones y embargos. "Las condiciones que reúne este parque inmobiliario en su conjunto son buenas y difieren por completo de las que presentaban los edificios que en 1997 fueron transferidos al Gobierno andaluz junto a las competencias en materia de Administración de Justicia", ha explicado el consejero.
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