El Consejo de Gobierno aprobó en la sesión del 2 de noviembre el proyecto de la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, que impulsará en la comunidad autónoma nuevas formas de democracia directa complementarias del modelo representativo.
La participación ciudadana regulada en el proyecto se ejercerá directamente o a través de entidades. Las administraciones públicas integrarán en sus actuaciones estos procesos, que podrán ser de deliberación; de elaboración de presupuestos; de proposición de políticas públicas y elaboración de normas; de evaluación, y consultas populares. Todos ellos se vincularán a asuntos relacionados con la proposición, adopción y seguimiento de políticas de singular relevancia; elaboración de instrumentos de planificación, leyes y reglamentos; priorización del gasto, y prestación de servicios.
Los procesos de participación serán iniciados de oficio por las administraciones o a iniciativa ciudadana. Si bien los resultados no tienen carácter vinculante, la futura ley obligará a tomarlos en consideración y, en su caso, a motivar las decisiones de no incluirlos en las políticas.
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