Sánchez Maldonado apuesta por la unidad de mercado y la reducción de trámites como factores de competitividad

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha apostado hoy por la unidad de mercado y la mejora de la regulación económica a través de la reducción de trámites pero “sin confundir unidad con uniformidad y respetando la seguridad jurídica y los derechos de los consumidores”.

Sánchez Maldonado, que ha clausurado en Málaga las III Jornadas Economía y Derecho de la Competencia, organizadas por la Cátedra que impulsa la Universidad de Málaga y la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, ha hecho referencia al recurso de inconstitucionalidad anunciado por la Junta de Andalucía ante la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado aprobada por el Gobierno central.

En este sentido, ha defendido que “unidad económica no equivale a uniformidad” y que “la libre circulación de bienes y empresas no puede provocar la deslocalización de las empresas, generar discriminaciones por cuestiones extraterritoriales, ni propiciar inseguridad jurídica ni desprotección a los consumidores”.

El consejero considera que el Gobierno de España “no puede suprimir ni sustraer competencias de las comunidades en aras de una Ley que contraviene los derechos de los consumidores y puede inducir a la competencia desleal entre territorios, con el consiguiente quebranto de la igualdad y de la prestación de los servicios públicos“.

Ha insistido en que el Gobierno andaluz “comparte el principio de unidad de mercado, pero sin menoscabo de la competitividad económica ni de los principios de establecidos en el bloque constitucional. De hecho,  ha señalado, la mejora de la regulación económica es una “prioridad” para el Gobierno andaluz en el contexto económico actual, para disminuir los trámites administrativos, propiciar la creación de empresas y actividad del tejido productivo andaluz y favorecer la generación de empleo.

En esta línea, ha recordado que la Junta de Andalucía acomete un programa de reducción de barreras administrativas para mejorar la competitividad de las empresas, en el que participan agentes económicos y sociales, y que culminará en las próximas semanas.

Este programa, ha explicado, estudia la posible simplificación de los 194 procedimientos de autorización autonómica que existen en el ámbito de competencias exclusivas de esta Comunidad y establecer una vía de apoyo, desde la Administración autonómica, para agilizar el proceso de puesta en marcha de una empresa.

Además, esta normativa reforzará el protagonismo de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, en tres ámbitos que favorecen el inicio y desarrollo de las actividades económicas: como organismo consultivo, para mejorar los proyectos normativos con impacto en las actividades económicas; como organismo asesor, para evitar interpretaciones y aplicaciones incorrectas de la normativa vigente que puedan provocar trabas a los operadores económicos; y como organismo intermediador, en la conciliación de los distintos intereses presentes en el mercado.

El consejero ha afirmado que la defensa de la competencia “ha de estar al servicio de la competitividad económica y de los ciudadanos, siendo uno de los puntales para el proceso de recuperación de la actividad económica y del empleo” y ha apostado por “propiciar confianza y políticas de crecimiento, dos ejes en los que debe basarse la recuperación y que requieren diferenciar entre unidad y uniformidad, así como entre simplificación administrativa y desregulación, a la vez que impulsar la agilización y la seguridad jurídica”.

Finalmente, ha destacado el papel de la Agencia de Defensa de la Competencia andaluza “para favorecer la competitividad económica en la comunidad, a la vez que protege los derechos de los operadores económicos y de los ciudadanos, como establecen la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la normativa de la Unión Europea”.