El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha considerado hoy una “traición a Andalucía” la decisión del Gobierno de España de bloquear la reapertura de la mina de Aznalcóllar después de que el Consejo de Ministros haya autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley andaluz que permite la actividad minera y la presentación de un conflicto positivo de competencias contra convocatoria del concurso internacional. La norma impugnada cuenta con el dictamen favorable del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, además de un informe previo elaborado por la Universidad de Sevilla.
La decisión del Gobierno de España puede representar en la práctica el final del proyecto de reapertura de la mina, en la medida en que la impugnación suspende de inmediato el concurso hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional y, en el caso de que el alto Tribunal levantara la suspensión, mientras esté pendiente la resolución del recurso difícilmente se van a presentar ofertas ante la inseguridad jurídica que supone. La decisión del Consejo de Ministros se produce además sin previo aviso por parte del Gobierno central a la Administración autonómica.
Dadas las excepcionales circunstancias que concurren en Aznalcóllar, el Gobierno andaluz aprobó el pasado 17 de diciembre un Decreto-ley que establece una reserva minera, con el fin de asegurar que la reapertura viniera precedida de un concurso público internacional en el que sería seleccionada para explotarla la compañía más adecuada y que pueda garantizar el cumplimiento de los estándares más altos de protección y de seguridad ambiental.
Esta medida -la celebración de un procedimiento público y de concurrencia competitiva para la adjudicación de una concesión minera- es algo excepcional, ya que en la preconstitucional Ley de Minas de 1973 la regla general es que el derecho minero se otorga a quien primero lo solicita (“prior tempore, potior iure”), siempre y cuando cumpla determinados requisitos establecidos en la legislación. La excepción es la reserva minera: solo cuando la Administración declara la caducidad de un título minero o levanta una zona de reserva es posible seleccionar al explotador de la mina a través de un concurso público.
El Gobierno andaluz considera que la regla de la prioridad establecida en la Ley estatal de 1973 es una invitación a la especulación, mientras que el concurso internacional, que permite la comparación de las ofertas de las diferentes empresas mineras, es la solución que mejor se adapta a los requerimientos de la sociedad y a las exigencias medioambientales.
Al aprobar el Decreto-Ley, que ha sido convalidado por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, la Junta de Andalucía actuó de acuerdo con sus competencias para la regulación y el control de las minas y de los recursos mineros (art. 49 del Estatuto de Autonomía) y para la gestión de la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales (art. 58 del Estatuto de Autonomía).
El consejero de Economía ha puesto de manifiesto la paradoja de que el Gobierno central acuda al Tribunal Constitucional invocando una Ley de minas de 1973, de carácter preconstitucional, y después de que el Parlamento de Andalucía haya avalado de forma unánime el Decreto-Ley del pasado mes de enero y de que en julio de 2013 se aprobase una proposición no de ley, también de forma unánime, en la que los grupos parlamentarios de PP, PSOE e IU instaban al Gobierno andaluz a reabrir el complejo minero.
Para José Sánchez Maldonado, con esta decisión el Gobierno de España se sitúa en contra de los intereses de Andalucía, comunidad autónoma en la que existe un amplio consenso político y social para reactivar la minería de forma sostenible en un contexto en el que se ha incrementado de forma significativa la demanda de mineral y de que la actividad extractiva pueda realizarse con las máximas garantías de seguridad y sostenibilidad.
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