Información general
Las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas constituyen el sistema regulado en la normativa de la Unión Europea, nacional y autonómica para el reconocimiento de una calidad diferenciada, entendida como el conjunto de propiedades y características, adicionales a las exigencias de calidad comercial, de un producto agroalimentario, que le dan un valor añadido, vinculadas a un origen geográfico o tradición, en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y vinculadas a la influencia del factor humano que participa en las mismas, consecuencia todo ello del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de carácter voluntario, relativas a sus materias primas o procedimientos de producción, elaboración, transformación, comercialización y presentación. De acuerdo con la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y pesquera de Andalucía y la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, los Consejos Reguladores se reconocen como entidades de gestión de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, consideradas bienes de dominio público, siendo los encargados de la representación, defensa, garantía, formación, investigación, innovación, desarrollo de mercados y promoción de la denominación de origen o indicación geográfica, y realizando entre otras funciones, las de garantizar la calidad y procedencia de los productos amparados y velar por el prestigio de los mismos. Dicho cumplimiento requiere una serie de gastos que deben acometer anualmente los consejos reguladores con fondos propios. Para proporcionar apoyo económico en la gestión que realizan dichos consejos en la defensa de la calidad de los productos agroalimentarios andaluces, se publicó la Orden de 20 de julio de 2023, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a los Consejos Reguladores que desarrollan sus funciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los consejos reguladores deben cumplir las funciones establecidas en la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía y la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y pesquera de Andalucía, pero algunas de estas funciones son ejercidas de manera conjunta por las asociaciones mayoritarias representativas de los consejos reguladores, por lo que incurren en una serie de gastos hasta ahora acometidos con aportaciones de los propios consejos reguladores.
Además de los consejos reguladores, es necesario incluir como beneficiarias de las ayudas a las asociaciones mayoritarias representativas de los consejos reguladores andaluces, para que puedan acometer los gastos derivados de la ejecución de las funciones encomendadas por los mismos, como son la defensa colectiva de intereses, representación ante las autoridades europeas, etc.
Apoyar a los Consejos Reguladores, así como a sus asociaciones mayoritarias representativas, en los gastos de funcionamiento incurridos como garantes de bienes de dominio público.
No existen soluciones alternativas.
La ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este documento a través del siguiente correo electrónico:
svcca.dgiica.capadr@juntadeandalucia.es
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.