Información general
- Decreto 307/2010, de 15 de junio, por el que se determinan los órganos competentes para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social.
- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
La necesidad de aprobar esta norma se fundamenta, en primer lugar, en la obsolescencia del régimen vigente. Desde la aprobación del Decreto 307/2010, de 15 de junio, por el que se determinan los órganos competentes para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social, se han producido cambios sustanciales tanto en la normativa estatal como en la organización administrativa autonómica, lo que ha generado importantes desajustes entre la estructura actual y la distribución de competencias. Asimismo, se detecta una falta de estabilidad en la atribución de competencias, ya que la regulación previa quedaba condicionada por cada reorganización administrativa o por la actualización de las cuantías sancionadoras. Esta situación provoca inseguridad jurídica y obliga a continuas adaptaciones normativas.
La norma es necesaria para adaptar la potestad sancionadora a la realidad organizativa actual, mejorar la eficacia administrativa y garantizar el cumplimiento de la normativa estatal. La oportunidad deriva de la necesidad de asegurar una tramitación más ágil y una distribución competencial coherente y estable.
El proyecto de Decreto tiene por finalidad actualizar y reorganizar la atribución de competencias sancionadoras en materia de infracciones del orden social dentro de la Administración de la Junta de Andalucía, teniendo en consideración el tiempo transcurrido desde la aprobación del Decreto actualmente vigente, garantizando una estructura estable, eficaz y coherente con la normativa vigente.
Se consideró inicialmente la posibilidad de aprobar un nuevo Decreto que modificase parte del texto articulado del actualmente vigente pero, dada la magnitud de los cambios que habrían de realizarse en el citado Decreto, que supondrían la modificación de la mayoría de los artículos de la norma vigente y atendiendo a los principios de eficiencia, claridad normativa y seguridad jurídica, se ha considerado más adecuado procederse a la tramitación de un nuevo Decreto que determine los órganos competentes para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social en la Administración de la Junta de Andalucía.
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