Información general
Las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas constituyen el sistema regulado en la normativa de la Unión Europea, nacional y autonómica para el reconocimiento de una calidad diferenciada, entendida como el conjunto de propiedades y características, adicionales a las exigencias de calidad comercial, de un producto agroalimentario, que le dan un valor añadido, vinculadas a un origen geográfico o tradición, en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y vinculadas a la influencia del factor humano que participa en las mismas, consecuencia todo ello del cumplimiento de requisitos establecidos en disposiciones de carácter voluntario, relativas a sus materias primas o procedimientos de producción, elaboración, transformación, comercialización y presentación.
De acuerdo con la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y pesquera de Andalucía y la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, los Consejos Reguladores se reconocen como entidades de gestión de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, consideradas bienes de dominio público, siendo los encargados de la representación, defensa, garantía, formación, investigación, innovación, desarrollo de mercados y promoción de la denominación de origen o indicación geográfica, y realizando entre otras funciones, las de garantizar la calidad y procedencia de los productos amparados y velar por el prestigio de los mismos.
Los Consejos Reguladores deben cumplir las funciones establecidas en la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía y la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía. Dicho cumplimiento requiere una serie de gastos que deben acometer anualmente los Consejos Reguladores con fondos propios. Dado que los mismos son garantes de bienes de dominio público se considera necesario el apoyo económico para la gestión que realizan dichos Consejos en la defensa de la calidad de los productos agroalimentarios andaluces.
Para cumplir con los fines encomendados a los Consejos Reguladores relativos a la representación, defensa, garantía, formación, investigación, desarrollo e innovación de mercados y promoción tanto de los productos amparados, como de la denominación de calidad, se ha comprobado que sería conveniente apoyar económicamente a dichos Consejos Reguladores, especialmente a aquellos que cuentan con menos recursos económicos para llevar a cabo sus fines, sobre todo aquellos tendentes a la creación de una estructura de gestión sólida a nivel de recursos humanos para la gestión administrativa y de control de la calidad de los productos agroalimentarios, así como de medios materiales y tecnológicos.
Apoyar a los Consejos Reguladores en los gastos de funcionamiento incurridos como garantes de bienes de dominio público.
No existen soluciones alternativas.
La ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este documento a través del siguiente correo electrónico:
svcca.dgiica.cagpds@juntadeandalucia.es
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.