Información general
- Decreto 367/2019, de 19 de febrero, mediante el que se crea la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía.
Principales normas reguladoras de las materias objeto del proyecto.
1.- Industria:
- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y sus reglamentos de desarrollo estatales.
- Decreto 25/2001, de 13 de febrero, por el que se regulan las actuaciones de los organismos de control en materia de seguridad de los productos e instalaciones industriales.
- Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
- Decreto 9/2003, de 28 de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación del servicio en los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos automóviles y se articulan derechos de consumidores y usuarios.
2.- Energía:
- Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en Andalucía.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
- Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.
- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
3.- Minas
- Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
- Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.
- Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
- Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la presentación de los planes de labores y la comunicación de accidentes de trabajo y los partes mensuales, trimestrales y anuales de accidentes y enfermedades profesionales en el ámbito de la minería en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban sus modelos.
Eliminación de trabas y simplificación administrativa:
En un entorno económico tan globalizado como el actual, los costes asociados a la regulación adquieren especial relevancia para la competitividad de los diferentes sectores económicos, y en particular de los sectores industrial, energético y minero. Resulta por tanto fundamental realizar una revisión profunda de la regulación andaluza que afecta a estos sectores, suprimiendo o simplificando aquello que resulte innecesario o desproporcionado para alcanzar los fines perseguidos.
De esta manera se pretende, entre otras cuestiones, aclarar el procedimiento de autorizaciones del sector energético eliminando trabas, o especificar las modificaciones que se consideran no sustanciales en materia eléctrica y que, por tanto, requieren de un menor número de autorizaciones para su legalización.
- Adecuación de los procedimientos a la administración electrónica y a la telematización:
Vinculado a lo anterior, se pretende profundizar en la telematización de los procedimientos, en línea con los principios de la administración electrónica impuestos normativamente, tanto a nivel estatal como autonómico.
Así, se tiene como objetivo, por ejemplo, facilitar la comunicación de la empresas mineras y directores facultativos con la Administración mediante la agilización de procedimientos habituales a través de la telematización de los mismos; facilitar la gestión documental de la administración minera mejorando la eficiencia y el control estadístico y agilizando la respuesta al ciudadano; o desarrollar procedimientos de presentación de auditorías energéticas.
- Organización administrativa.
Otra cuestión que se pretende desarrollar mediante la aprobación del proyecto normativo consiste en aclarar las competencias y la estructura organizativa territorial en materia de industria, energía y minas. En este sentido, entre otras cuestiones, se busca concretar las competencias en materia de inspección que se desarrollan por parte de las Delegaciones del Gobierno, así como el régimen y competencias de los funcionarios que la tengan asignadas.
- Mejora de los procedimientos.
La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha supuesto la derogación del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. Esta circunstancia hace necesaria una revisión de la normativa autonómica reguladora de los procedimientos sancionadores, sobre todo en materia de industria, para adecuarlos a la nueva realidad jurídica.
- Definición de conceptos.
El proyecto normativo que se pretende iniciar, incluirá la aclaración de conceptos dudosos para la ciudadanía, como los supuestos de corte de suministro de instalaciones receptoras de gas con anomalías, con la consiguiente mejora en la comprensión por el conjunto de la sociedad.
- Derogación normativa.
La volatilidad normativa es frecuente en las materias relacionadas, sobre todo, con la industria y la energía. Consecuentemente, el proyecto normativo de referencia pretende la derogación expresa de las disposiciones que hayan quedado obsoletas, lo que redundará en una mayor comprensión de la actuación administrativa por parte de la ciudadanía, así como en un reforzamiento de la seguridad jurídica.
- Refuerzo de la actuación inspectora en materia de industria, energía y minas.
La eliminación o simplificación de cargas administrativas conlleva en determinados casos la flexibilización de mecanismos de intervención administrativa previos al inicio de la actividad, derivando esa intervención al control a posteriori. Circunstancia que requiere el necesario fortalecimiento de la actuación inspectora de la Administración. Por lo que este proyecto de decreto se complementa con disposiciones destinadas a dicho fortalecimiento.
La razón de interés general que justifica la aprobación de esta norma es, recopilando la ya dicho hasta ahora, la conveniencia de impulsar medidas de simplificación y mejora de los procedimientos administrativos e implantación de la administración electrónica, así como de actualización de la normativa en materia de industria, energía y minas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estas actuaciones tendrán, previsiblemente, el efecto de recuperar y generar la confianza entre los inversores y la ciudadanía, facilitando asimismo el desarrollo industrial de Andalucía, en línea con lo establecido en la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 y en la Estrategia renovada de política industrial de la Unión Europea. En esta línea, conforme al Objetivo 2 de la Estrategia Minera de Andalucía 2020, y siguiendo los Dictámenes y Acuerdos de la Comisión Europea, se persigue agilizar la gestión administrativa en los ámbitos competenciales de la Comunidad Autónoma. Para conseguir estos objetivos se llevarán a cabo acciones para la revisión, unificación y agilización de los procedimientos y reducción de los tiempos de respuesta, a través del consenso interadministrativo y el uso de las nuevas tecnologías.
Con todo ello se da cumplimiento a los objetivos definidos en el Decreto 367/2019, de 19 de febrero, mediante el que se crea la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía.
El proyecto de norma trata de actualizar y mejorar la regulación, entre otros, de los siguientes aspectos:
- Autorizaciones sector energético, industrial y minero.
- Impulso a la tramitación telemática.
- Aclaración y mejora de procedimientos administrativos.
- Mejora en la seguridad de las instalaciones.
- Reforzamiento de las capacidades inspectoras.
- Derogación expresa de normativa obsoleta.
En la medida en que este Decreto pretende impulsar la reducción de cargas, la agilización de trámites, la implementación de la administración electrónica o la derogación de normas obsoletas, se constata que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones, para alcanzar tales fines, por lo que no se plantean soluciones alternativas.
La ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario, durante el plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de su publicación, a la Dirección General de Industria, Energíay Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través del siguiente buzón de correo electrónico: dgiem.chie@juntadeandalucia.es
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.