El consejero de Economía, Antonio Ávila, durante una de sus intervenciones en el Parlamento.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha informado hoy de que se departamento está trabajando en un documento con las medidas fundamentales que la Junta de Andalucía considera que deben incorporarse al paquete legislativo en materia de energía que tiene previsto presentar el Gobierno de España en los meses de junio y julio, según informó el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la reunión de la Conferencia Sectorial celebrada el pasado lunes. Los principales objetivos que persigue la propuesta de la Junta son “lograr mayores cotas de estabilidad, seguridad y transparencia, a la vez que menor dependencia y precio de la energía”. “La factura de los consumidores debe tenerse en cuenta y, la de las empresas, debe considerarse como un factor de competitividad”, ha señalado Ávila.
El consejero ha dado estas explicaciones ante el Pleno de la Cámara autonómica, donde ha dado cuenta del resultado de la Conferencia Sectorial así como sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno andaluz presentó el pasado 25 de marzo contra las medidas del Gobierno de España en materia energética, que fue aceptado a trámite el pasado 23 de abril.
Tras conocer de primera mano las explicaciones del ministro, el titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha lamentado que el Ministerio centre su política en el déficit de tarifa y en culpabilizar de éste al apoyo dado a las energías renovables. En ese contexto, Ávila defendió en Madrid la necesidad de recuperar actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energéticas que, a su juicio, han sido “prácticamente abandonadas” durante 2012 y apoyar las renovables de forma decidida, teniendo en cuenta que las decisiones sobre renovables actúan como una política regional implícita. “Penalizar a las termosolares implica penalizar sobre todo a Andalucía”, ha señalado Ávila. “También invité a utilizar esta materia para generar confianza a inversores en el sector, anulando las incertidumbres que se han generado”, ha explicado Ávila.
El consejero de Economía ha lamentado que el Gobierno de España cambie las reglas del juego “sin coordinar sus propuestas con las comunidades autónomas ni con el sector o las empresas”. Según el consejero, estas decisiones han causado “el estupor general, especialmente de los fondos de inversión internacionales que han financiado parte de las instalaciones de renovables y con una asombrosa capacidad para modificar sucesivamente la legislación”.
Es en este contexto, ha explicado, en el que el Gobierno de Andalucía “reacciona” y decide interponer recurso de inconstitucionalidad contra tres normas estatales: la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, el Real Decreto-Ley 29/2012 y el Real Decreto-Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.
44.000 empleos en juego y 12.000 millones de inversión
A su juicio, estas normas son “un paso atrás en medioambiente y desarrollo sostenible, ponen en riesgo el sector de las energías renovables y afectan diferencialmente a Andalucía porque perjudican más a la energía termosolar, en la que Andalucía representa más del 60% del total nacional”. Del mismo modo, hace peligrar las plantas de biomasa, en la que también Andalucía es la primera comunidad. Según las cifras facilitadas en el Pleno del Parlamento andaluz, estas normas afectan a más de 7.800 instalaciones y amenazan la supervivencia de 1.400 empresas y 44.000 empleos, afectando a casi 12.000 millones d euros de inversiones que podrían generar empleos directos para más de 38.000 personas en instalaciones ya priorizadas por la Junta de Andalucía.
Ávila ha considerado que el Gobierno de Rajoy “ha cargado contra un sector estratégico” tanto con la moratoria en las primas como con el impuesto horizontal del 7% por generación eléctrica aprobado a través de la Ley 15/2012, que define un impuesto del 7% a los ingresos por generación eléctrica. El consejero considera que la Ley vulneran el principio de seguridad jurídica, en la vertiente de la confianza legitima y es contrario a los principios de planificación energética estable fijados por la UE.
En cuanto al Real Decreto-Ley 29/2012, que fija nuevos criterios a proyectos que ya se han sometido a tramitación, el consejero ha sostenido que la fórmula de Decreto-Ley es utilizada incorrectamente, puesto que no responde a una urgente necesidad y vulnera el principio de seguridad jurídica y de irretroactividad de disposiciones sancionadoras o desfavorables. Del mismo modo, afecta a proyectos que ya se han sometido a una tramitación determinada para obtener la autorización definitiva, que en Andalucía son 13.
En cuanto al Real Decreto-Ley 2/2013, que sustituye el IPC normal por el subyacente para actualizar la retribución de los productores, la Junta entiende que suprime la libertad de elección de las empresas relativa a la forma de retribuir la energía generada, utiliza incorrectamente la fórmula de Decreto-Ley y vulnera el principio de seguridad jurídica y de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras y restrictivas de derecho. Cambia el sistema de retribuciones desde 1 de enero de 2013 y se aplica con efectos retroactivos a instalaciones que han estado operando hasta la entrada en vigor de esta norma.
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