La precariedad retributiva y la inseguridad habitacional son predictores de malestar psicosocial, reafirma con datos un reciente informe [LARPSICO]

La inseguridad económica y desigualdad social perjudican la salud

La inseguridad económica y la desigualdad social perjudican gravemente la salud, en general, y mental, en particular. La ciencia, no solo la social, también la propia de la economía del bienestar, lleva años demostrando que una sociedad más equitativa en el reparto de los bienes materiales, por tanto, mejor cohesionada, no solo mejora notablemente el bienestar colectivo, sino que actúa como un fuerte factor protector de la salud mental de cada una de las personas que la pueblan. Hace casi dos siglos, en Cádiz, ya se descubrió este principio y le llamó “derecho a la felicidad”. De ahí que la Constitución de 1812, la Pepa, en su art.13 previera que:

• “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin último de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”.
• Por supuesto, nunca se cumplió tan “feliz” mandato. Muchísimo después y en otra tierras, el economista Richard Wilkinson demostró, con datos y relatos, tras comparar las situaciones de múltiples países, que el factor más influyente en el bienestar psicosocial, no sería propiamente la riqueza, sino el grado de equilibrio que alcanza su reparto. Esto es, junto a los niveles de seguridad económica de las personas que integran una sociedad, el otro fator determinante del bienestar de las personas, en el sentido amplio de equilibrio psicofísico y social asumido por el concepto de salud de la OMS, es el índice de igualdad-desigualdad que presentan. La inseguridad económica y la desigualdad social extrema no supone solo la percepción de privación material, sino que conlleva igualmente efectos de “dolor social” y “malestar emocional”, hasta provocar estados de estrés biológico y económico análogos a los que provoca el miedo físico. Inseguridad económica y desigualdad social minan, pues, la calidad de vida y el bienestar psicosocial.
• Desde esta perspectiva, no por casualidad, la propia Comisión Europea y el resto de las instituciones de la gobernanza comunitaria, también el Comité Económico y Social Europeo, asumen que la inseguridad en el trabajo y la precariedad en el acceso a los bienes fundamentales que integran ese estándar de calidad de vida o bienestar social constituyen factores significativos de riesgo psicosocial y, por lo tanto, constituye una amenaza para la estabilidad y la salud mentales. Si bien en la forma menos comprometida jurídicamente (menos obligatoria o vinculante para los Estados, para entendernos) de una Recomendación, el máximo órgano político comunitario, el Consejo Europeo, pide a los Estados miembros que se adopten medidas para tratar de corregir las repercusiones negativas del trabajo precario en la salud mental. Así lo expresó en el primer conjunto de Conclusiones sobre la interrelación entre la salud mental y la precariedad en 2023

Estudios reafirman la relación entre seguridad económica y bienestar psicosocial

Estudios econométricos internacionales reafirman la relación directa entre seguridad económico-habitacional y bienestar psicosocial. Desde esta fecha poco más se supo. Pero en estos años se han ido sucediendo los estudios, con datos econométricos, esto es, con mediciones cuantitativas, que no hacen sino reafirmar esas conclusiones. La precariedad socioeconómica y la inseguridad habitacional (que hoy afecta a un creciente número de personas, no solo de colectivos vulnerables, como jóvenes, personas con ingresos bajos, las personas inmigrantes, pues también personas trabajadoras con retribuciones promedio hallan barreras económicas de acceso residencial) impactarían de una forma nociva en la “felicidad” y “bienestar” de las personas. Esta relación directa, que cuenta con significativas evidencias científicas internacionales (Informe World Happiness Report, elaborado por la ONU y la Universidad de Harvard), se reafirma el Informe socieconómico de la felicidad en España, 2025, elaborado por la Red Universitaria de la Felicidad con los datos extraídos de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

• Cierto, no cabe confundir los conceptos de felicidad, emoción parte del bienestar emocional individual, y de “salud mental”, como componente básica del bienestar o salud psicosocial, sin perjuicio de la evidente interrelación que hay entre ellas. Pero no se puede tomar la parte, la felicidad, por el todo, el bienestar psicosocial, como, lamentablemente, a veces ocurre, incluso en la gestión de los factores y riesgos psicosociales de muchas importantes empresas, que crean un Departamento de felicidad como reflejo de su política de salud mental. Mientras que otras grandes empresas tienen prácticamente prohibido hablar de felicidad en la empresa, a fin de no confundir las cuestiones de satisfacción personal o de salud emocional con las exigencias de protección de las condiciones laborales y organizativas que eviten los riesgos psicosociales y promuevan la salud mental en los entornos de trabajo en el sentido del predicado equilibrio entre salud física, psíquica y social (condiciones materiales). La Constitución de Cádiz ya intuyó esta relación entre el objetivo de promover en la ciudadanía estados emocionales de felicidad y el derecho al bienestar, pero sin confundir la parte con el todo.

En cualquier caso, queda claro que elevar los niveles de satisfacción respecto de las condiciones de seguridad económica (salarios adecuados) y habitacional o residencial (vivienda adecuada) tienen una repercusión positiva directa en los estados de bienestar o salud psicosocial, mientras que lo contrario incide de un modo negativo en éstos. Pero no todo es salario, aunque el nivel de renta está en la base de los mayores o menores niveles de desigualdad e inseguridad.

De ahí, pues, la complejidad de las políticas de fomento y protección de la salud mental de las personas en los entornos de trabajo, en la medida en que no solo dependen de las condiciones de trabajo propiamente sino también de las condiciones materiales de existencia (vivienda, conciliación de la vida laboral y familiar, servicios públicos de bienestar, etc.). Precisamente, los estudios ponen de relieve que 6 de cada 10 jóvenes (las que menor nivel de renta retributiva tienen) consideran que la “precariedad de sus casas” aumentan su percepción de soledad, según el Barómetro de la Vivienda, elaborado por GAD3 y CGATE. Éste, además, revela que una de cada cuatro personas ha sentido ansiedad al buscar casa y cerca del 20% ha tenido miedo a perderla o ha sufrido episodios de depresión.

Desde esta perspectiva, no sorprende que los sindicatos pidan a las políticas de mercado de trabajo y a los propios convenios colectivos que vinculen seguridad económica derivada del trabajo, así como estabilidad laboral, a la seguridad en el acceso a viviendas asequibles. La actual emergencia habitacional no solo afecta a la seguridad económica y a la calidad de vida de las personas, sino que cada vez más afecta a la salud mental, en positivo cuando se disfrutan de todas esas seguridades, negativo cuando se carece de ellas, siendo esta situación cada vez la más extendida. Naturalmente, las políticas preventivas de empresa no pueden asumir toda la responsabilidad para su corrección, evidentemente, por lo que se precisan políticas públicas dirigidas transversalmente a satisfacer estos objetivos. En fin, sin la ingenuidad de las Cortes de Cádiz, dos siglos más tarde habría que recordar que la consecución de niveles adecuados de bienestar integral para la ciudadanía no solo garantiza paz, social e interior, sino también mejora la salud emocional de las personas y la salud civilizatoria de un país.