Los datos evidencian mayores problemas de salud psicosocial en el trabajo autónomo, pero el acuerdo de modernización de la LPRL sigue dejándolos fuera [LARPSICO]

Contexto institucional favorable para mejorar la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo autónomo

Las instituciones públicas vienen reconociendo la especial incidencia de los riesgos psicosociales en el trabajo autónomo. En este sentido, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST) 2023-2027 reconoce a las personas trabajadoras autónomas como colectivo prioritario, previendo un mayor análisis de sus enfermedades profesionales con especial consideración de aquellas “derivadas de la exposición a riesgos psicosociales”. 

En la misma línea, la Estrategia Nacional de Impulso del Trabajo Autónomo (ENDITA) 2022-2027 reconoce la menor protección que en materia de prevención de riesgos laborales se dispensa a este colectivo en comparación con las personas asalariadas. Por eso subraya la conveniencia de reforzarla, especialmente en lo relativo a “los riesgos psicosociales y la atención a la salud mental”.

Los datos estadísticos evidencian la necesidad de reforzar la prevención psicosocial en el trabajo autónomo y la economía social

No se trata de una preocupación infundada si se atiende a los datos disponibles. De acuerdo con la última Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo en España, el 36,2% de las personas trabajadoras autónomas declaró haber sufrido algún episodio de ansiedad durante el último año. Crecen, pues, las patologías vinculadas a riesgos psicosociales entre este colectivo. Sin abusar del concepto de “pandemia silenciosa” que tanto prolifera en nuestro tiempo, sí que es un dato relevante de este problema de salud psicosocial el hecho de que el 15% de las bajas laborales entre personas autónomas obedecieran a los trastornos relacionados con la salud mental. Conviene recordar que las personas autónomas suelen tener una menor incidencia de las bajas laborales, por lo que este dato adquiere mayor significación.

En este escenario, UPTA presenta el estudio “Salud laboral y riesgos psicosociales en la Economía Social”. El informe identifica como factores de riesgo habituales la sobrecarga e intensificación del trabajo, la inseguridad económica, la asunción íntegra de responsabilidades de gestión, el aislamiento profesional - especialmente en actividades desarrolladas en solitario -, el conflicto trabajo–vida personal agravado por la hiperconectividad y el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa. Un caldo de cultivo para los riesgos psicosociales.

Una vez más, pues, hallamos un cierto contraste entre la valoración idealizada de un (auto)empleo (individual y colectivo) de calidad, incluso verde o sostenible (la economía social crea empleo, cuida del medio y de las personas, busca objetivos sociales) y la constatación de condiciones de trabajo menos halagüeñas. Y, en todo caso, parece claro que presenta una serie de especificidades (ej. la autonomía organizativa y el exceso de asunción de responsabilidades actúan aquí como factores, mayor implicación emocional con los objetivos de la organización, entre otros, específicos) que lo hace especialmente propicio para el desarrollo de los factores y los riesgos psicosociales, como se ha comentado.

El estudio profundiza en el sector agrario y rural, ya analizado por el LARPSICO (pdf), identificando como principales factores de riesgo: las adversidades climatológicas, la volatilidad de los mercados, el aislamiento geográfico, la sobrecarga laboral y el escaso reconocimiento social y económico. Como se ha puesto de relieve en ediciones de nuestro boletín cuatrimestral (pdf), la situación en el sector agrícola es alarmante. Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (AESST) (pdf), la tasa de suicidio en el sector supera en un 20% la media de otras profesiones.

Consecuentemente, las proyectadas leyes, tanto respecto de la economía social (reforma de la Ley 5/2011) como de la agricultura familiar (proyecto de ley en tramitación), podrían, y deberían, ofrecer sendas oportunidades para mejorar el estatuto de protección de salud en general, y psicosocial en particular, de estos colectivos. Se pasaría, así, de la acción estratégica, comunitaria y nacional, en el marco de los ODS y de la Agenda 2030 a un marco normativo y de políticas, públicas y organizacionales, comprometidas con unas modalidades de autoempleo social más inclusivas y sostenibles, también desde la lógica de la salud laboral y del bienestar integral. Los fines sociales que están presentes en estas actividades, así como en sus regulaciones, debería jugar a favor de este tránsito a dar más visibilidad, concienciar y mejorar la salud de las personas trabajadoras autónomas.

De la concienciación a la prevención sigue existiendo un gran trecho, que debería de corregirse o reducirse

Justamente, el Estudio de UPTA (asociada a la UGT) sostiene que el modelo de la economía social presenta un gran potencial preventivo, de modo que si las leyes en trámite los refuerzan podrían reducirse los niveles de estrés laboral. Entre ellos destacan:

• La organización colectiva y el apoyo mutuo atenúan el aislamiento profesional.
• La gestión democrática incrementa el control sobre tiempos y tareas.
• El reparto de responsabilidades.

El estudio formula, además, diversas propuestas de mejora, entre las que se incluyen: 

• El reconocimiento explícito de los riesgos psicosociales en las políticas de fomento del trabajo autónomo y la Economía Social.
• La mejora de la cobertura por cese de actividad y el acceso a financiación, en la medida en que la mejora de la seguridad económica reduce el estrés financiero o económico de las personas.
• Apoyo técnico continuado, evaluación periódica de riesgos.
• Mejora de la distribución equilibrada de las responsabilidades laborales y de las familiares.
• Formación específica.
• Integración de las perspectivas de diversidad (territorial, género, edad, etc.).

Lamentablemente, no parece estar presente esta evidencia ni esta concienciación en el reciente acuerdo de modernización del sistema normativo de prevención de riesgos laborales. Como es sabido, y se evidenció en una noticia previa del LARPSICO, el pasado mes de febrero, el Ministerio de Trabajo y Economía Social alcanzó el Acuerdo con los sindicatos para acometer la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). En lo que respecta al trabajo autónomo, el texto enuncia como objetivo “aumentar la protección de las personas trabajadoras autónomas cuando desarrollan su actividad de forma concurrente con otras empresas o personas trabajadoras autónomas”. 

Por tanto, la previsión de mejora protectora es muy limitada y se acota en los supuestos de concurrencia de personas trabajadoras autónomas o de éstas con empresas en los lugares de trabajo (ej. construcción). Esta parca (más bien pobre) previsión de progreso normativo para el trabajo autónomo contrasta con el planteamiento de la EESST de avanzar hacia una protección equiparable a la de las personas asalariadas y analizar “la conveniencia de modificación de la LPRL y del Estatuto del Trabajo Autónomo”. Con todo, y sin perjuicio de las oportunidades reseñadas a través de las reformas en acto para la economía social y para el trabajo agrario, parece claro que el futuro reglamento sobre riesgos psicosociales podría, si se diseña con la debida ambición de sistema normativo preventivo tendencialmente universalista-, extender su alcance al trabajo por cuenta propia, teniendo en cuenta sus especificidades.