La Junta de Andalucía ha regulado, en la Orden de 23 de septiembre de 2019, los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las operaciones financieras de activo y las garantías de la Junta de Andalucía, para establecer un régimen jurídico completo y unificado.
“A partir de ahora, los principios rectores que rigen las operaciones financieras son los de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia, eficiencia, no discriminación e igualdad y confidencialidad”, ha explicado el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, en el Parlamento. “Estos principios”, ha apuntado, “ni se exigían ni se aplicaban en una parte importante de los movimientos financieros en la etapa del Gobierno anterior”.
El consejero ha dicho en la Cámara que el Gobierno andaluz ha creado una base de datos de operaciones financieras donde se recoge la información básica de las mismas para que la Administración pueda conocer, “en cualquier momento”, cuál es la situación de cada una de ellas.
Además, la Orden establece y desarrolla el régimen jurídico de la gestión de las recuperaciones y de los ingresos y cobros y regula el procedimiento de compensación de obligaciones de cualquier naturaleza - pública o privada- de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, con créditos de naturaleza privada de titularidad de la misma que se encuentren vencidos y pendientes de cobro.
Respecto a los avales y garantías, se establecen procedimientos técnicos para el otorgamiento de estas operaciones y objetivos en el caso de la recuperación de cantidades de los avales fallidos: En cuanto a las nuevas operaciones financieras a conceder, se establecen criterios de revisión contable, análisis económico financiero y de evaluación de riesgos y solvencia para las mismas, así como la regulación completa de todas las actuaciones previstas para la gestión de dichas operaciones, incluidas las dirigidas a las recuperaciones de las operaciones impagadas o fallidas.
El consejero ha subrayado que esta regulación trae “instrumentos de financiación ágiles y seguros para el apoyo a los sectores productivos, a la vez que generamos seguridad a las actuaciones de la Administración y a la labor de los empleados públicos”.
Por último, ha señalado Bravo, “la nueva regulación resuelve diversas cuestiones planteadas en esta materia por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, la Intervención General, la Cámara de Cuentas y el Parlamento de andaluz”.
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