EL CONSEJO REMITE AL PARLAMENTO SU PROPUESTA DE MIEMBROS DEL COMITÉ ANDALUZ PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
El Consejo de Gobierno ha acordado remitir al Parlamento de Andalucía la relación de miembros que serán propuestos para formar parte del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento. Este órgano, adscrito a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, será el encargado de marcar las directrices para extender el uso de las nuevas tecnologías de la información en Andalucía.
Los once expertos propuestos por la Junta son los siguientes: Juan Pérez Mercader, doctor en Física y director del Centro de Astrobiología; Cristobalina Gavira Álvarez, profesora titular de la Universidad de Sevilla adscrita al Departamento de Antropología Social, Sociología y Trabajo Social; Purificación Fenoll Hach Alí, catedrática de Mineralogía de la Universidad de Granada; Guillermina Martín Reyes, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga; José Luis Calvo Borrego, catedrático de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sevilla; Fátima Olea Serrano, catedrática de Nutrición y Bromatología de Universidad de Granada; Sebastián Chávez de Diego, doctor en Biología por la Universidad de Sevilla; Carmen Mateas Moreno, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada; José Humanes Guillén, doctor en Ingeniería Agronómica; Álvaro de Orleáns Orleáns-Borbón y Parodi Delfino, ingeniero electrónico, y Paulina Beato Blanc, economista.
Los integrantes del futuro órgano serán designados por el Consejo de Gobierno, previa aceptación del Parlamento de Andalucía, por un periodo de cinco años renovables y con una proporción paritaria entre hombres y mujeres. Desarrollarán sus actividades con autonomía orgánica y funcional y sólo rendirán cuentas ante la Cámara legislativa.
Como principales funciones, el Comité asumirá la elaboración de directrices y propuestas para impulsar la sociedad del conocimiento, evaluará su evolución en Andalucía, desarrollará indicadores adecuados de valoración, prestará asesoramiento cualificado a la Junta y realizará un seguimiento de las políticas públicas sobre la materia que se desarrollen en la comunidad autónoma.
La Junta