EL CONSEJO INICIA LA TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley de Educación de Andalucía, norma que regulará las materias no básicas que la nueva legislación orgánica estatal permite a las comunidades autónomas.
El borrador, presentado hoy al Consejo de Gobierno por la titular de Educación, Cándida Martínez, se marca como principales objetivos incrementar los rendimientos académicos del alumnado, reducir el fracaso escolar y elevar la tasa de escolarización en la etapa postobligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos de grado superior) desde el 63% actual al nivel medio de los países más desarrollados de la Unión Europea (en torno al 80%).
Entre las novedades que incorpora el anteproyecto para mejorar los rendimientos académicos, destaca la determinación, junto a los contenidos en cada etapa educativa, de las destrezas y habilidades que el alumnado debe acreditar al finalizar la enseñanza obligatoria. En este sentido, la norma recoge el dominio de competencias básicas en materia de comunicación oral y escrita; razonamiento matemático en la interpretación de problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral; tratamiento digital de la información; autonomía e iniciativa personal para adoptar decisiones responsables, y capacidad emprendedora para planificar y desarrollar un proyecto.
De igual modo, se incluyen nuevas medidas para reforzar las materias de Lengua Española, Idioma y Matemáticas, a las que la ley otorgará un carácter preferente en la regulación de los horarios lectivos de Primaria y Secundaria Obligatoria, así como para generalizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Además de regular la organización del sistema educativo y la programación general de las enseñanzas, la futura norma dará rango legal a la oferta de servicios fuera del horario lectivo que la Junta viene implantando durante los últimos años en el marco del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas (aulas matinales, comedores y actividades extraescolares). El objetivo se dirige a generalizar progresivamente estos servicios, que actualmente funcionan en 1.210 colegios e institutos. Junto con ellos, la ley establecerá nuevos programas de refuerzo y apoyo en horario de tarde para los estudiantes que presenten retraso escolar, además de pruebas específicas durante los dos años siguientes a la finalización de la educación básica para aquellos alumnos que no hayan obtenido la titulación de graduado en Educación Secundaria por tener materias pendientes.
Otra de las medidas que la Junta viene desarrollando y que alcanzará rango legal es la gratuidad de libros de texto en las enseñanzas obligatorias (Primaria y Secundaria) para todos los centros sostenidos con fondos públicos. De acuerdo con la programación establecida por la Consejería de Educación, esta medida se extenderá el próximo curso 2006-2007 a todo el alumnado de Educación Primaria y en el siguiente a la Educación Secundaria Obligatoria.
Agencia de Evaluación
Igualmente novedosa es la previsión de crear la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que se encargará de homologar los criterios y métodos de evaluación con otros organismos similares de otras comunidades o países. Entre otras funciones, la Agencia elaborará los indicadores de calidad de la educación, coordinará la realización de pruebas generales de diagnóstico del sistema y evaluará la consecución de los objetivos propios de cada centro para la mejora del rendimiento escolar.
Respecto al funcionamiento de los centros docentes, las principales medidas se dirigen a reforzar y ampliar la autonomía pedagógica y organizativa. De este modo, y de acuerdo con los criterios que ya viene aplicando en los últimos años la Administración educativa andaluza, los colegios e institutos podrán gestionar directamente la adquisición de bienes y la contratación de obras, servicios y suministros de material. También dispondrán de competencias para la gestión de sustituciones y podrán establecer requisitos, en determinados puestos docentes, respecto a la especialización y capacitación profesional.
En el capítulo dedicado al profesorado, la norma prevé la dotación de incentivos ligados a la mejora de los rendimientos escolares del alumnado, que evaluará la Agencia atendiendo a la consecución de los objetivos fijados por los propios centros. Asimismo, se favorecerá la promoción profesional de los docentes cuando acrediten méritos como la participación en proyectos de mejora, investigación e innovación educativa en sus colegios e institutos.
La Junta