LA LEY ANDALUZA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO GARANTIZARÁ EL DERECHO DE LAS VÍCTIMAS A RECIBIR ATENCIÓN INTEGRAL

La futura Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género otorgará el máximo rango legal a las iniciativas desarrolladas por la Junta de Andalucía para erradicar los malos tratos contra las mujeres, un problema que motivó la presentación de más de 13.000 denuncias en la comunidad autónoma el pasado año y de 4.326 durante los cuatro primeros meses de 2006.

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar los trámites del anteproyecto de esta norma, que consolidará y reforzará los recursos asistenciales y preventivos desarrollados desde 1998 a través de los dos planes autonómicos contra la violencia de género, cuya inversión total ha alcanzado los 55 millones de euros. De este modo, en Andalucía se reconocerán legalmente los derechos de las mujeres víctimas y de sus hijos a recibir atención especializada, protección, seguridad, información y ayudas para la recuperación y la integración sociolaboral.

Especial atención presta el borrador a las medidas preventivas, entre las que se incluyen la aprobación, cada cinco años, de un plan integral en el que participarán organismos e instituciones de los ámbitos social, jurídico, educativo, sanitario, de la seguridad y de los medios de comunicación.

En el terreno educativo, el texto recoge medidas de revisión y adaptación de contenidos curriculares, así como intervenciones para detectar y atender las situaciones de violencia que se puedan producir en los centros. Respecto a la salud, se incluye la atención psicológica como parte del tratamiento a las víctimas, junto con los objetivos prioritarios de detección precoz y atención especializada. Por su parte, en la atención jurídica se garantiza la asistencia letrada por el turno de oficio especializado y se dispone la personación de la Junta en juicios sobre casos de muerte violenta.

En el capítulo de las iniciativas para la recuperación y la integración de las víctimas, la ley establecerá un cupo de reserva específico en todas las promociones de vivienda protegida para su cesión o adjudicación a mujeres que acrediten sufrir una situación de maltrato. Como principal novedad, esta medida incluirá viviendas en régimen de propiedad, frente al actual cupo limitado al alquiler.

Integración laboral
El anteproyecto también da rango legal a las medidas de apoyo en materia de empleo desarrolladas durante los últimos años. De este modo, la Administración autonómica deberá ofrecer ayudas a la contratación de mujeres víctimas y al fomento de sus iniciativas empresariales, previo acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales. De igual modo, se fomentará que en la negociación colectiva se incluyen disposiciones orientadas a que las mujeres mantengan su empleo cuando se vean obligadas a dejarlo temporalmente por su situación personal. En el caso específico de la Administración autonómica, se garantiza el derecho a la reducción o flexibilización de la jornada, así como a la movilidad geográfica y la excedencia.

Finalmente, con la futura norma se consolidará la estructura de atención urgente que funciona en la comunidad autónoma con sus tres niveles de centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados. Esta red cuenta actualmente con 550 plazas y el pasado año atendió a un total de 2.512 personas, entre mujeres y menores.